Cuando finalmente aprehenden a quienes los agraviaron, los sueltan a la hora, dizque “por instrucciones de arriba”.
Demandan la aplicación del estado de derecho.
Palenque, Chiapas.
Enrique Romero.
Representantes de 139 habitantes del ejido Damasco, municipio de Ocosingo, demandaron la intervención del gobernador para que se les haga justicia, pues luego de presentar su denuncia penal contra miembros de la OPDDIC, que saquearon sus casas e incendiaron sus bodegas, para expulsarlos violentamente de su ejido, cuando finalmente un juez penal libró ordenes de aprehensión y policías ministeriales los detuvieron, a la hora los liberaron dizque “por ordenes de arriba”.
Lo anterior fue denunciado en rueda de prensa por Manuel Guillén Hernández, Pedro Hernández Gómez, Mariano Guillen Hernández, Domingo Gutiérrez Méndez, y Sebastián Guillén Hernández, quienes en rueda de prensa expusieron ante los medios de comunicación que ante una serie de delitos cometidos en su contra por unas 30 personas, lideradas por Miguel Hernández Gómez y el comisariado ejidal de Damasco, quien “han estado protegidos por el delegado de gobierno en Ocosingo, José Manuel Morales Vázquez”, al que señalan de autor intelectual de su expulsión violenta del ejido, luego de interponer su denuncia penal, el juez penal de Playas libró la orden de aprehensión correspondiente.
Ante los medios leyeron el comunicado que emitieron.
Por ello, el pasado lunes 6, acudieron a la comandancia de la Policía Ministerial en esta ciudad, por ser la instancia encargada de ejecutar las ordenes de aprehensión, y como agraviados solicitaron a esa policía ejecutara las ordenes contra sus agresores. “Como a las 5 de la tarde, en el crucero de Chancalá, en operativo a cargo del comandante Hugo Delgado, detuvieron a Miguel Hernández Gómez, a Juan Gómez Cruz, a Pablo Espinoza Jiménez, y a Juan Hernández Gómez”, narraron. Sin embargo, “una hora después los dejaron en libertad y cuando le preguntamos al comandante el porqué los soltaron, nos refirió que fueron ordenes de allá arriba, que fueron instrucciones de la Secretaría General de Gobierno”, apuntaron.
“Ante esta impunidad, además de sentir coraje y rabia, estamos decepcionados porque depositamos nuestra confianza en las autoridades, porque creímos en la ley, cuando nos dicen que no hay que hacer justicia por propia mano, y hoy nos preguntamos ¿qué pasó con nosotros? ¿Dónde está la ley que nos protege y nos hace justicia, si habiendo orden de aprehensión los responsables de violar nuestros derechos andan libres como si nada, nos amenazan que van a expulsar más familias y se ríen de nosotros y las autoridades?”, cuestionaron.
Narraron los abusos que los de la OPDDIC cometieron contra ellos.
“Antes que haya más desplazamiento forzado de familias, o derramamiento de sangre, provocado por los paramilitares del OPDDIC, hacemos un llamado a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno” advirtieron tras recordar que desde el pasado 17 de marzo fueron saqueadas sus casas, quemadas sus bodegas y les inventaron delitos a dos menores de las familias afectadas, pues tratan de despojarlos de dos solares que ellos adquirieron legalmente, como está demostrado ante las autoridades agrarias, subrayaron.
Por ello demandan la intervención del gobernador para que se ejecuten las ordenes de aprehensión en contra de esos sujetos, se destituya e investigue al delegado de gobierno en Ocosingo “por ser el autor intelectual del desplazamiento forzado que sufrieron su familias, al igual demandan ser indemnizados por la perdida de sus bienes que alcanza la suma de millón y medio de pesos, así como el retorno inmediato a su comunidad, con las garantías necesarias y que cese el hostigamiento , las represalias y las amenazas.
