Abuela y tía, despojan a niños de 353 mil pesos del seguro de vida de su madre.

Eran beneficiarios, pero nada recibieron. Un juez dice que “no hay delito que perseguir”. Claman justicia.

Su abuela materna y su tia los dejaron sin nada.

Su abuela materna y su tía los dejaron sin nada.

Palenque, Chiapas.

Enrique Romero.

De nada sirvió que su madre fuera previsora y al fallecer los dejara asegurados por un monto de 353 mil 384 pesos. Al morir su madre, eran menores de edad, y su abuela materna y su tía cobraron por ellos, como estaba previsto, pero a 3 años de recibir el dinero nada de él han recibido, pues sus parientas se niegan a entregar lo que les corresponde a los niños. En el colmo de la injusticia, un juez penal asegura que “no hay delito que perseguir”, por lo que claman justicia ante el gobernador del estado.

Leovigildo Pérez Sánchez, padre de los niños despojados, denunció a los medios que a pesar de que las leyes dicen que los derechos de los niños están asegurados en México, en la práctica eso no es cierto pues el sistema de justicia en Chiapas, “atiende a otros criterios”, tan es así que la abuela y la tía de los menores, no obstante estar documentado que despojaron a los niños del dinero que les dejó su madre, a través de un seguro de vida y de la caja de ahorros del SNTE, no han sido procesadas por ese delito ni han reparado el daño patrimonial a sus hijos.

Pérez Reyes, quien vive con sus hijos en el municipio de La Libertad, indicó que su esposa, la profesora Martha Sánchez Piña, luego de dar a luz a una niña, falleció el 11 de diciembre del 2004, dejando a sus otros dos hijos: Jhojani Guadalupe Pérez Sánchez, quien en ese entonces contaba con 15 años de edad, y Julio Alberto Pérez Sánchez, quien tenía 7 años, como beneficiarios de un seguro de vida por la cantidad de 371 mil 729 pesos, del que le correspondía un 20% a su abuela Olga Piña Que, quien era la estipulada -al ser menores de edad- para cobrar en nombre de los niños el 80% que les correspondía. El 24 de mayo del 2005, la compañía METLIFE le pago su parte (74 mil 745 pesos) y los 297 mil 384 pesos de los niños, al entregarle un cheque por un total de 371 mil 729 pesos. La abuela se negó totalmente a entregar el dinero, y nada han recibido de él, sostuvieron el padre y sus 2  hijos, quienes hoy cuentan con 18 años y 10 años de edad. A la bebé de 3 años, nada le toca porque no pudo ser registrada como beneficiaria.

El padre de los niños exhibió documentos que acreditan el despojo.

El padre de los niños exhibió documentos que acreditan el despojo.

Además, agregaron, la madre fallecida tenía también a sus hijos como beneficiarios de su caja de ahorro del SNTE, en la cual alcanzó el monto de 56 mil pesos, mismos que en representación de los menores cobró su tía Leticia Sánchez Piña el 18 de diciembre del 2004. Ella también se quedó con todo el dinero y rehusó dárselos a los hijos de su hermana fallecida apenas unos días antes.

Pide al gobernador que se respete el derecho de los niños.

Pide al gobernador que se respete el derecho de los niños.

Entre lo que cobró la abuela y la tía, un total de 427 mil 728 pesos,  353 mil 384 corresponden a los niños, los cuales no le han visto ni el polvo a algo del dinero que les dejó su madre. Su padre y su tía paterna iniciaron un juicio civil, sin ningún resultado porque la abuela y la tía jamás se presentaron ante la autoridad, a pesar de ser citados; por ello, denunciaron penalmente por los delitos de abuso de confianza, y desobediencia y resistencia de particulares, según consignó ante el juez penal el ministerio público de la Fiscalía distrital, el pasado 25 de julio de este año, solicitando ejercer acción penal y exigiendo “la reparación del daño patrimonial”; es decir, la restitución del dinero que legalmente corresponde a los menores.

Sin embargo, el juez penal de Playas, Emilio Oñate Vázquez, el 28 de agosto libró orden de aprehensión contra las parientas abusivas, pero solo por el delito de desobediencia y resistencia de particulares; según él, el ministerio público, Jorge Luís Zenteno, no acreditó el delito de abuso de confianza, pues a su parecer la averiguación previa “iba floja”. El jueves pasado, ambas mujeres fueron detenidas y consignadas ante el juez penal. Mediante el pago de una fianza, al parecer no mayor a 10 mil pesos, quedaron libertad al día siguiente, revelaron los denunciantes.

“Si para el juez no hay delito patrimonial, no hay tampoco la reparación del daño; es decir el dinero de los niños sigue en sus manos a pesar de que está acreditado que ellos son los beneficiarios y que ellas fueron las que cobraron el dinero y jamás le dieron a mis hijos lo que les dejó su madre”, apuntó Pérez Reyes.

“Para el juez “no hay delito” y yo no se porqué dice que el ministerio público dejó “floja” la averiguación previa. No sé derecho, no soy abogado, pero si puedo ver que los derechos de estos niños han sido violados, que los han despojado del patrimonio que les dejó su madre y que “la pelotita” se la tiran entre el juez y el ministerio público. Por eso pido al gobernador su intervención, así como la del presidente del tribunal superior de justicia y la del ministro de justicia. Que les demuestren a estos niños que sus derechos se respetan y que no hay impunidad para quienes atentan contra ellos”, concluyó el padre.

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