Siguen retenidos los otros funcionarios. La policía detuvo a 7 de la comunidad. Probable operativo.
La edil y otros funcionarios declararon ante la Fiscalía Regional.
Palenque, Chiapas.
Enrique Romero.
Unos 180 ejidatarios de la comunidad Cacahuatal. Municipio de Tumbalá, este miércoles por la mañana, cuando su representación era atendida por la presidenta municipal, Mercedes Guadalupe Solís Sánchez, fue tomada como rehén junto con 4 de sus regidores, el síndico, el director de obras públicas y su secretario particular, y llevada a la fuerza a esa comunidad, donde por la noche, mediante un operativo, unos 40 elementos de la policía ministerial y de la estatal preventiva, lograron liberarla y detener a 7 vecinos de esa comunidad por el presunto delito de privación ilegal de la libertad y, al parecer, por el nuevo delito de incitación a la violencia.
Conforme a lo recabado con diversas fuentes provenientes de ese municipio que llegaron este jueves por la mañana a la Fiscalía Regional, donde se encuentran los ejidatarios detenidos, y a donde llegó también la presidenta municipal panista a realizar su declaración ministerial, el problema se originó por una obra de agua potable que demanda la comunidad y que fue compromiso de campaña de la actual edil.
En la fiscalia distrital hay 7 ejidatarios detenidos.
Los de Cacahuatal aseguran que la munícipe no los atendía y que luego se retractó de su compromiso, razón por la que la llevaron a la comunidad a que ella en persona se los dijera a los habitantes, hay otras fuentes que de manera extraoficial señalan que precisamente la edil atendía esa solicitud, que la obra ya está aprobada y programada, pero que ha habido «mano negra» por parte de algunos constructores, mediante el pago a algunas autoridades locales y al regidor del PT , Luís Mayo Sánchez, hermano del ex- edil de Salto de Agua Juan Sánchez, para que agiten a la comunidad, y, forzar al ayuntamiento a que la obra les sea asignada.
La edil panista fue llevada por los ejidatarios inconformes a su comunidad, junto con sus funcionarios, alrededor de las 11:00 horas del miércoles y permaneció retenida hasta cerca de las 2:00 horas de este jueves cuando la policía, fuertemente armada, entró a rescatarla y a detener a algunos de los lideres comunales. También estaban retenidos el tesorero y el delegado de gobierno en Yajalón, José Octavio Durán, quien cuando entró el operativo policiaco al parecer cayó en una crisis nerviosa y estuvo convulsionado, lo que permitió que se le permitiera retirarse, auxiliado por el tesorero que aprovechó la oportunidad para irse también.
Al parecer se prepara otro operativo para liberar a los funcionarios.
Los reportes indican que el operativo policiaco fue limpio y que no hubo resistencia por parte de la comunidad por lo que no se usaron armas de fuego ni hubo heridos. No obstante, permanecieron retenidos el síndico, Julio César Pérez Jiménez, el primer regidor, Mateo Sánchez Arcos, el 4º regidor, Nicolás Vázquez Montejo, el 6º regidor, José Mendaño Cruz -de quien se dice que fue golpeado por los ejidatarios por oponer resistencia-, el regidor del PRD, Arturo Arcos López, el director de obras públicas, Miguel Vázquez Díaz, y el secretario particular de la presidenta, Lucas Méndez Peñate.
A Luis Mayo Sánchez se le señala como agitador.
Los habitantes inconformes propusieron liberar a los funcionarios retenidos si la fiscalía regional liberaba a su vez a los siete detenidos durante el operativo policiaco: Mateo Mendoza Pérez, Nicolás Díaz Pérez, Domingo Montejo Méndez, Darvelio Pérez Velasco, Juan Mendoza Velasco, Miguel Pérez Mendoza y Alonso Pérez Méndez. Para servir de intermediario liberaron al síndico, Julio César Pérez Jiménez, quien por separado arribó a esta ciudad cuando ya la edil entraba a la Fiscalía Distrital. Al parecer también piden les «reembolsen» la cantidad de 150 mil pesos que gastaron en transporte para llevarse a la munícipe a su comunidad.
El síndico fue liberado.
Sin embargo, todo parece indicar, en esta ocasión se hará prevalecer el estado de derecho y si los inconformes no liberan incondicionalmente a los funcionarios detenidos, podría haber en las próximas horas un fuerte operativo para que la fuerza pública entre a liberarlos y realice otras detenciones. Se sabe que el mismo gobernador ha estado muy pendiente de este caso y en contacto con la presidenta municipal. Al parecer el nuevo delito de «Incitación a la Violencia», añadido a las recientes reformas del código penal estatal, podría «estrenarse» en este caso y ser aplicado a los detenidos. Se habla de sentar un precedente para evitar las constantes retenciones de funcionarios por parte de comunidades inconformes, según trascendió de manera extraoficial.
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